Today, Sheriff Kelly A. Martinez issued the following statement related to Chairwoman Vargas' board letter on adopting a board policy on immigration enforcement. The Sheriff respects Chairwoman Vargas and the members of the Board of Supervisors; however, she has been clear on her position on this matter.

As stated in the Sheriff's statement, she will continue to follow state law and there is no loophole in state statute as referenced in the Chairwoman's board letter. Current state law strikes the right balance between limiting local law enforcement's cooperation with immigration authorities, ensuring public safety, and building community trust.

State law allows for the Sheriff's Office to share release dates for individuals who are in Sheriff's custody only if they have qualifying convictions for specific serious, violent, or sex crimes. Government Code 7282.5 gives the authority for law enforcement to cooperate with immigration  authorities, as prescribed. This includes the ability to provide information on individuals who have certain convictions which include but are not limited to sexual abuse, child abuse, battery, assault, possession, sale, distribution, manufacture or trafficking of controlled substances.

The San Diego County Board of Supervisors are aware of the Sheriff's position on this topic, as she has presented to them and the public during the annual Truth Act Forum on her policies and practices when it comes to following state law as it relates to immigration enforcement.

The Sheriff's Office will not change its practices based on the Board resolution and policy that was passed at today's meeting. 

The Board of Supervisors does not set policy for the Sheriff's Office. The Sheriff, as an independently elected official, sets the policy for the Sheriff's Office. California law prohibits the Board of Supervisors from interfering with the independent, constitutionally and statutorily designated investigative functions of the Sheriff, and is clear that the Sheriff has the sole and exclusive authority to operate the county jails.

Declaración Sobre la Votación de la Junta de Supervisores Sobre la Aplicación de la Ley de Inmigración

La Oficina del Alguacil continuará cumpliendo la ley estatal.

Hoy, la Alguacil Kelly A. Martínez emitió la siguiente declaración relacionada con la carta de la Presidenta Vargas a la junta directiva sobre la adopción de una política de la junta sobre la aplicación de la ley de inmigración. La Alguacil respeta a la Presidenta Vargas y a los miembros de la Junta de Supervisores; sin embargo, ella ha sido clara en su posición sobre este asunto.

Como se indica en la declaración de la Alguacil, ella continuará cumpliendo con la ley estatal y no hay ningún vacío legal en el estatuto estatal como se menciona en la carta de la presidenta a la junta directiva. La ley estatal actual logra el equilibrio adecuado entre limitar la cooperación de las fuerzas del orden locales con las autoridades de inmigración, garantizar la seguridad pública y generar confianza en la comunidad.

La ley estatal permite que la Oficina del Alguacil comparta las fechas de liberación de las personas que están bajo la custodia de la Alguacil solo si tienen condenas calificadas por delitos graves, violentos o sexuales específicos. El Código de Gobierno 7282.5 otorga la autoridad para que las fuerzas del orden cooperen con las autoridades de inmigración, según lo prescrito. Esto incluye la capacidad de proporcionar información sobre personas que tienen ciertas condenas que incluyen, entre otras, abuso sexual, abuso infantil, agresión física, asalto, posesión, venta, distribución, fabricación o tráfico de sustancias controladas.

La Junta de Supervisores del Condado de San Diego está al tanto de la posición de la Alguacil sobre este tema, ya que les ha presentado a ellos y al público durante el Foro Anual de la Ley de la Verdad sus políticas y prácticas en lo que respecta al cumplimiento de la ley estatal en lo que respecta a la aplicación de las leyes de inmigración.

La Oficina del Alguacil no cambiará sus prácticas en función de la resolución y la política de la Junta que se aprobó en la reunión de hoy.

La Junta de Supervisores no establece políticas para la Oficina del Alguacil. La Alguacil, como funcionaria electa de forma independiente, establece las políticas para la Oficina del Alguacil. La ley de California prohíbe a la Junta de Supervisores interferir con las funciones de investigación independientes, designadas por la constitución y los estatutos del Alguacil, y es claro que la Alguacil tiene la autoridad única y exclusiva para operar las cárceles del condado.