San Diego County Sheriff Kelly Martinez has issued a strong response to San Diego County Board of Supervisor Monica Montgomery Steppe’s proposal to pursue a feasibility study for establishing an Office of Inspector General (OIG) with authority to investigate, audit, and review Sheriff’s Office operations.

On Tuesday, October 21, the Board approved moving forward with the feasibility study. The Sheriff was grateful for the opportunity to speak on the proposal, especially since the Sheriff’s Office was not consulted prior to the docketing of the board letter. The Sheriff’s Office hopes to be meaningfully involved in future efforts to ensure its complex, dynamic systems and operations are fully understood and considered in policy decisions moving forward. 

"At the end of the day, we all want the same things," said Sheriff Martinez. "We want policing and jail management in the county to be the best in the nation with community trust and support at the forefront of our efforts.”

During the Board of Supervisors meeting, Sheriff Martinez emphasized that the Sheriff's Office already operates under more than twenty local, state, and federal oversight bodies, making it one of the most heavily regulated law enforcement agencies in California.

"The Sheriff’s Office is already one of the most scrutinized and audited public agencies in this state,” said Sheriff Martinez. "We are accountable to the Board of State and Community Corrections, the California Department of Justice, the Citizens’ Law Enforcement Review Board, San Diego County Grand Jury, and many others. We must recognize that adding another layer doesn’t equal more accountability — it equals more bureaucracy. Each new oversight body duplicates reviews, drains resources, and diverts time away from what improves safety, care, and operations. It drains resources from real reform and undermines the progress our employees work tirelessly to achieve.”

Sheriff Martinez noted that the Sheriff's Office takes every recommendation and finding from these oversight entities seriously, using their input to continuously shape and strengthen its operations, training, and delivery of care.  Adding more oversight runs the risk of conflicting recommendations, which is concerning and puts the Sheriff in the position of deciding which laws and rules to follow. 

"We don’t dismiss oversight — we engage with it,” Sheriff Martinez added. "Every audit, inspection, and review informs how we improve. That’s how real change happens. But this proposal was advanced without any discussion, outreach, or engagement with my office — the very department it seeks to regulate. That’s not good governance, that’s exclusion. True transparency comes from working together to understand the challenges we face and the progress we’re making, not from layering on more bureaucracy that looks like oversight but delivers no real value.”

Sheriff Martinez reaffirmed the Sheriff's Office's ongoing commitment to transparency, safety, and modernization. Recent improvements in jail infrastructure, medical care, and compliance practices have been made in close partnership with the County's support and a culture shift of driving enhanced service delivery to those in our custodial care.

"The men and women of the Sheriff's Office have been driving meaningful change,” Sheriff Martinez added. "Our mission is to keep San Diego County safe while strengthening trust with the communities we serve — and that requires support, not political posturing.”

The Sheriff urged the Board to reject the OIG feasibility proposal and instead focus on collaborative solutions that build on the department’s progress in accountability and rehabilitation.

Declaración Sobre El Organismo De Supervisión Propuesto Para La Oficina Del Alguacil

Alguacil se opone a la propuesta, citando redundancia y falta de colaboración.

La Alguacil del Condado de San Diego Kelly Martinez ha emitido una enérgica respuesta a la propuesta de Supervisora del Condado de San Diego Monica Montgomery Steppe de realizar un estudio de viabilidad para establecer una Oficina del Inspector General (OIG) con autoridad para investigar, auditar y revisar las operaciones de la Oficina del Alguacil.

El Martes 21 de Octubre, la Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó seguir adelante con el estudio de viabilidad. La Alguacil agradeció la oportunidad de hablar sobre la propuesta, especialmente porque no se consultó a la Oficina del Alguacil antes de la presentación de la carta de la junta. La Oficina del Alguacil espera participar activamente en futuras iniciativas para garantizar que sus complejos y dinámicos sistemas y operaciones se comprendan plenamente y se tengan en cuenta en las decisiones políticas futuras.

"Al final, todos queremos lo mismo,” dijo la Alguacil Martinez. "Queremos que la policía y la gestión penitenciaria del condado sean las mejores del país, con la confianza y el apoyo de la comunidad como prioridad en nuestros esfuerzos.”

Durante la reunión de la Junta de Supervisores, la Alguacil Martínez enfatizó que la Oficina del Alguacil ya opera bajo más de veinte organismos de supervisión locales, estatales y federales, lo que la convierte en una de las agencias del orden público más reguladas de California.

"La Oficina del Alguacil ya es una de las agencias públicas más escrutadas y auditadas de este estado,” declaró la Alguacil Martínez. "Rendimos cuentas a la Junta de Correcciones Estatales y Comunitarias, el Departamento de Justicia de California, la Junta de Revisión Ciudadana de las Fuerzas del Orden, el Gran Jurado del Condado de San Diego y muchos otros. Debemos reconocer que añadir un nuevo nivel de supervisión no equivale a mayor responsabilidad, sino a mayor burocracia. Cada nuevo organismo de supervisión duplica las revisiones, agota recursos y desvía tiempo de lo que se dedica a mejorar la seguridad, la atención y las operaciones. Esto agota recursos de una reforma real y socava el progreso que nuestros empleados se esfuerzan incansablemente por lograr.”

La Alguacil Martínez señaló que la Oficina del Alguacil se toma muy en serio todas las recomendaciones y conclusiones de estas entidades supervisoras, y utiliza sus aportaciones para moldear y fortalecer continuamente sus operaciones, capacitación y prestación de servicios. Aumentar la supervisión conlleva el riesgo de recomendaciones contradictorias, lo cual es preocupante y pone a la Alguacil en la posición de decidir qué leyes y normas seguir.

"No desestimamos la supervisión; nos involucramos con ella," añadió la Alguacil Martínez. "Cada auditoría, inspección y revisión nos informa sobre cómo mejoramos. Así es como se produce el verdadero cambio. Pero esta propuesta se presentó sin ningún debate, acercamiento ni interacción con mi oficina, el mismo departamento que pretende regular. Eso no es buena gobernanza, es exclusión. La verdadera transparencia surge del trabajo conjunto para comprender los desafíos que enfrentamos y el progreso que estamos logrando, no de la acumulación de más burocracia que parece supervisión pero no aporta ningún valor real."

La Alguacil Martínez reafirmó el compromiso continuo de la Oficina del Alguacil con la transparencia, la seguridad y la modernización. Las recientes mejoras en la infraestructura penitenciaria, la atención médica y las prácticas de cumplimiento se han realizado en estrecha colaboración con el apoyo del Condado y un cambio de cultura para impulsar una mejor prestación de servicios a las personas bajo nuestro cuidado.

"Los hombres y mujeres de la Oficina del Alguacil han impulsado un cambio significativo,” añadió la Alguacil Martínez. "Nuestra misión es mantener la seguridad en el Condado de San Diego y, al mismo tiempo, fortalecer la confianza con las comunidades a las que servimos, y eso requiere apoyo, no posturas políticas.”

La Alguacil instó a la Junta a rechazar la propuesta de viabilidad de la OIG y, en su lugar, centrarse en soluciones colaborativas que aprovechen el progreso del departamento en materia de rendición de cuentas y rehabilitación.

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San Diego County Sheriff's Office